La oposición pide la retirada de las tasas de Gallardón tras pasar su primer examen

Efe | Madrid

El Congreso de los Diputados ha rechazado esta noche, con los votos del PP, las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición que pedían la retirada del proyecto de ley de tasas judiciales, que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que las nuevas tasas judiciales «ayudarán a financiar la justicia gratuita» en la actual situación de crisis económica, mientras que la oposición ha reclamado su retirada porque limitan el acceso a la Justicia.

Así lo ha expresado Ruiz-Gallardón durante el debate en el pleno de la Cámara Baja de las enmiendas a la totalidad que PSOE, CiU, BNG, la Izquierda Plural y el PNV han presentado al texto del Ejecutivo.

En su intervención, el titular de Justicia ha anunciado que el Gobierno elevará el umbral de ingresos fijado como requisito para poder acceder a la asistencia jurídica gratuita hasta situarlo en 2,5 veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM).

Y ha hecho pública la intención del Ejecutivo de aprobar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que ya está negociando con las comunidades autónomas con competencias en la materia.

Afán recaudatorio

El aumento del umbral de ingresos, fijado ahora en 2 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), facilitará, según Ruíz-Gallardón, el acceso a la tutela judicial efectiva de un sector de la población que en estos momentos no lo tenía.

Así, la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permitirá que pasen a ser titulares de este derecho los que cobren menos de 15.975 euros, cuando hasta ahora sólo lo eran los que percibían hasta 14.910. Sin embargo, la oposición parlamentaria ha rechazado el texto del Ejecutivo porque generará una Justicia para ricos y pobres y, además, limitará el acceso a la misma.

Los portavoces de los grupos parlamentarios han coincidido en señalar elobjetivo recaudatorio y disuasorio del proyecto de ley de tasas judiciales. Así, el socialista Antonio Camacho ha mostrado el «frontal» desacuerdo de su grupo al texto del Gobierno porque pretende avanzar hacia una «justicia privada» a la que, ha manifestado, «los ciudadanos no podrán acceder ya que no tendrán los recursos para ello».

Por su parte, la Izquierda Plural, a través de su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, ha manifestado que el Gobierno, con la presentación de este proyecto, «deja en la indefensión a los ciudadanos y deja a la impunidad a los que tienen el poder».

En los mismos términos se ha expresado Rosa Díez de UPyD que ha destacado que las clases medias van a sufrir estas tasas «injustas y nefastas», mientras que el diputado de Esquerra (ERC), Joan Tardá, ha afirmado que el proyecto «garantiza a los más pudientes el uso casi exclusivo del acceso».

No obstante, Gallardón ha recordado que lo que hace con el proyecto de ley de tasas, al que ahora los grupos podrán presentar enmiendas parciales, es actualizar las ya vigentes en España, en línea con el resto de países europeos y en consonancia con la doctrina constitucional.

Y ha mencionado que todo lo que se recaude a través de las tasas se destinará a financiar la justicia gratuita, con lo que -a juicio del ministro- también se solucionarán los problemas económicos que sufren estos servicios que se han visto desbordados en muchas comunidades con competencias de Justicia.