Con carácter general, para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos (SEPE, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, etc.), ya no será requisito necesario haber interpuesto reclamación previa a la vía judicial social, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable (Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común) en relación con el artículo 69 LRJS.
En todo caso, la Administración deberá notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.
Desde que se deba entender agotada la vía administrativa, el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Social o la Sala competente.
A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la presentación de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada.
Tampoco será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposición de la demanda será de veinte días desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites; cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuación en vías de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación contra la inactividad o vía de hecho, o desde la presentación del recurso, respectivamente (artículo 70 LRJS).
No obstante lo anterior y según se indica en el artículo 71 LRJS, será requisito necesario para formular demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social que los interesados interpongan reclamación previa ante la Entidad gestora de las mismas. Se exceptúan los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas expresas en las que se acuerda el alta médica emitidas por los órganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de la prestación de incapacidad temporal.
Impugnaciones de Altas Médicas. Artículo 141 LJS
En los procedimientos de impugnación de altas médicas no exentos de reclamación previa según lo dicho en el apartado anterior, la reclamación previa se interpondrá en el plazo de once días desde la notificación de la resolución.
Si la resolución, expresa o presunta, hubiera sido dictada por una entidad colaboradora (Mutua), la reclamación previa se interpondrá, en el mismo plazo, ante la propia entidad colaboradora si tuviera atribuida la competencia para resolver, o en otro caso ante el órgano correspondiente de la Entidad gestora u organismo público gestor de la prestación.
Cuando en el reconocimiento inicial o la modificación de un acto o derecho en materia de Seguridad Social, la Entidad correspondiente esté obligada a proceder de oficio, en el caso de que no se produzca acuerdo o resolución, el interesado podrá solicitar que se dicte, teniendo esta solicitud valor de reclamación previa.
Formulada reclamación previa en cualquiera de los supuestos mencionados en el presente artículo, la Entidad deberá contestar expresamente a la misma en el plazo de cuarenta y cinco días. En caso contrario se entenderá denegada la reclamación por silencio administrativo.
En los procedimientos de impugnación de altas médicas en los que deba interponerse reclamación previa, el plazo para la contestación de la misma será de siete días, entendiéndose desestimada una vez transcurrido dicho plazo.
La demanda habrá de formularse en el plazo de treinta días hábiles, a contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa o desde el día en que se entienda denegada por silencio administrativo.
En los procesos de impugnación de altas médicas el plazo anterior será de veinte días, que cuando no sea exigible reclamación previa, y se computará desde la adquisición de plenos efectos del alta médica o desde la notificación del alta definitiva acordada por la Entidad gestora.
En resumen,
– Hay que demandar a la Entidad gestora, Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Entidad colaboradora, en su caso, y al empleador del impugnante.
– Hay que acompañar obligatoriamente copia sellada de la reclamación administrativa previa y de su denegación en los supuestos en los que sea necesaria.
– Recordemos solicitar siempre vía Otrosí copia del expediente administrativo a aportar por la administración demandada, según determina el artículo 143.1 de la LRJS.
Impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social, excluidos los prestacionales. Artículo 151 LJS.
– El artículo 151 LJS puede generar algún problema de interpretación desde el punto de vista de la legitimación pasiva y de la admisión a trámite de este tipo de demandas.
– Por tanto, y al igual que sucede con la impugnación de altas médicas, debemos demandar a la administración que ha dictado el acto administrativo y al trabajador o empresa implicados (según sea el caso). Además, en el supuesto de que el acto emane de una Entidad colaboradora, debemos dirigir la demanda también al INSS y a la TGSS, al estar actuando la Mutua por delegación.
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